"Siguen los disparatados proyectos mineros en todo el Oriente", ha denunciado la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies con motivo de la información pública del proyecto de investigación minera Picayos-Carreña sobre una superficie de 7 millones de metros cuadrados, que abarca gran parte de los concejos de Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja para la búsqueda de cobre, cobalto, níquel, plomo y zinc, a pesar de que saben de la existencia de yacimientos por haber habido en el siglo pasado ya pequeñas minas en estos concejos.

La Coordinadora ha presentado alegaciones, al entender que el Principado no ha sometido a evaluación de impacto ambiental el proyecto sometido a información pública, a pesar de los impactos que conllevan estos proyectos mineros si llegan a desarrollarse. El colectivo ha recordado que en Cabrales, ya hay otro proyecto de investigación.

"Estamos hablando que la zona a investigar es colindante a los mayores núcleos de población de los tres concejos, que abarca las localidades de Carreña, Inguanzu, Colláu, Toral, Cuartas, Trespalacio, Ruenes, Alles, El Pedrosu, Besnes, Llonín, La Collada, El Rebollar, Las Mesturas y La Cuesta, en un territorio ganadero y de gran valor turístico con una actividad hostelera cada vez mayor, que se puede ver seriamente afectada en un futuro por la actividad minera intensiva como la que explota estos yacimientos", ha señalado la Coordinadora.

El proyecto, de salir adelante, puede afectar "a las aguas subterráneas y varios arroyos por su proximidad en esta fase de sondeos profundos que se va realizar, donde se prevén 55 sondeos que afectarían a numerosos ríos afluentes del Cares, como Casaño, Riegona, Laverde, Rumor, Santa Maria, Seto o Besnes.

La promotora adjunta a la solicitud del permiso de investigación un plan de restauración, pero a juicio de la Coordinadora incumple las exigencias porque "minimiza el alcance ambientalmente adverso de la actividad propuesta, solo pretende dedicar 4.000 euros para la restauración de las afecciones que realice" y "no analiza en detalles los posibles efectos a las especies y hábitats afectados". Además, "el promotor no ha identificado, explicado y evaluado las incompatibilidades urbanísticas del proyecto minero con la zona a pesar de la gran zona afectada".

"No se ha dado a conocer a los vecinos afectados de forma suficiente el proyecto minero, ni por el Principado ni por los Ayuntamiento", por lo que desconocen "cuánto va a afectar a sus vidas" y que supondrá "un claro quebranto de su patrimonio, con una perdida evidente de valor de sus propiedades".

La Coordinadora ha subrayado que no todos los vecinos leen el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) y que son "numerosos" los pueblos y viviendas afectados que no tiene comunicación fehaciente del proyecto minero. "Estamos hablando de numerosas las localidades y viviendas afectadas por este proyecto, que les impedirá continua con su actual modo de vida de forma notable, al ser una zona turística y ganadera", según la Coordinadora.

Los ecologistas han subrayado que la actual Ley de Minas, que fue aprobada "en la época preconstitucional", es "un coladero que da unos derechos increíbles a las empresas mineras que pueden expropiar los terrenos donde se demuestre la existencia de recursos mineros. Ahora mismo en la Asturias hay decenas de proyectos de investigación abiertos", ha concluido el colectivo.

Referencias

La Nueva España.